Crisis y Estado

Por Ignacio de Mágina

31 de marzo. Robert Deglané ha lanzado alto y al aire un plato: después del Estado de Alarma, por momentos estado de pánico, se pregunta si no nos acercamos a la experimentación de una peculiar e imprevista “Huelga General Pacífica”, posmoderna añado yo. De inmediato aparece el imaginario, críticamente planteado por el amigo Deglané, de aquella HGP de mediados de siglo XX que el PCE-PSUC defendía dentro de la reorientación de su estrategia para derrocar la dictadura del general Franco. Y ahí está el plato girando a ratos en el aire de mi cabeza, como en suspenso, durante todo el día…

El presidente del Gobierno, no sin antes tragar saliva, informaba sobre la aprobación de restricciones sobre el trabajo en las actividades esenciales discutidas y aprobadas en un consejo de ministros extraordinario. Esta decisión de paralización de la economía nos podría ofrecer un paisaje de huelga general. Pero a poco que se emplee un foco más preciso lo que uno observa no es una HGP o un paro general, si se quiere, sino un “parón general” del trabajo y de la economía del país.  Efectivamente, los trabajadores no acuden a sus centros de trabajo, pero no lo hacen precisamente de manera voluntaria sino que se ven obligados legalmente a ello. No hacen huelga para mejorar sus condiciones de trabajo sino que se incorporan al “aislamiento social” con el que se está combatiendo el COVID-19 en España. Queda lejos la huelga como momento excepcional de monopolio de la fuerza en manos de los trabajadores organizados que paran la actividad económico-empresarial en el contexto del conflicto entre capital y trabajo. La huelga como mito y como símbolo que atravesó el siglo XX da paso a una imagen especular que nos aleja de cualquier comparación con el fenómeno huelguístico. Hoy se está en una situación invertida, es el monopolio que ostenta el Estado el que actúa ante la amenaza de pandemia.

En efecto, el Real Decreto-Ley aprobado el pasado 29 de marzo, a propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, regula “un permiso retribuido recuperable de aplicación obligatoria para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales” y estará vigente entre el 30 de marzo y el 9 de abril próximo. Esta decisión ministerial ha sido tomada en base al  artículo 86 de la Constitución Española que permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. La recuperación de las horas de trabajo no prestadas con ocasión de la aplicación de este permiso se establecerá por la vía negociada entre empresas y sindicatos.  El sindicalismo confederal le ha dado su apoyo nítido y las organizaciones patronales lo acata con una crítica ante la valoración que hacen de los efectos del parón de la actividad empresarial, para ellos es una mala noticia, según declara el presidente de la CEOE. Nuevamente, como nos decíamos en anteriores cartas, nos encontramos aquí con el Estado, con ese mismo Estado que algunos daban por muerto de manera un tanto apresurada y prematura. Esta es una decisión de calado representa un hiato en lo que ha venido siendo la progresiva subordinación del Estado al mercado, se ha producido al menos coyunturalmente un reequilibrio ante una situación de excepción.

No nos debe pasar desapercibido, por otro lado, lo que se establece en el Anexo del mencionado decreto-ley en cuanto a la relación de personas trabajadoras a las que no resulta de aplicación el permiso retribuido recuperable. En su enumeración de los 40 colectivos que no se ven afectados por la medida se menciona en su punto 39 a los sindicalistas por cuanto “También tendrán consideración de servicio esencial la actividad sindical y patronal para dar servicio a empresas y personas trabajadoras”. Esto es una muestra más, si queremos verlo así, de las posibles discontinuidades que ha traído consigo la pandemia y la declaración del Estado de alarma que me lleva a una segunda y última consideración que os propongo para la reflexión: la recuperación del papel esencial de los Sindicatos en la vida social del país, un papel que había venido siendo motivo de crítica permanente, en ocasiones de manera ajustada y en la mayor parte de las veces en clave ideológica. Hoy el sindicalismo de clase debe enfrentarse a dos cuestiones diferenciadas imposible de desvincular una de otra: la protección de las personas que tengan que seguir trabajando en los servicios esenciales y su compromiso en el combate contra la pandemia a partir de su actuación en los centros de trabajo. Su apuesta ha sido firme, ahora es el momento del “Esfuerzo General Colectivo (EGC).

De manera que se deja atrás el eco de la HGP y, puestos a reflexionar sobre retóricas y mitos del pasado, tal vez se esté en la etapa de lo que se llamó “Acción Democrática Nacional”, un giro táctico del habilidoso Santiago Carrillo al frente del PCE, orillando la consigna de la “Huelga General Política” que debía extenderse por el país como una mancha de aceite. Giro que finalmente cabe recordar que condujo a la extenuación y división propia en beneficio de otros, entre ellos de la democracia en España. 

Dejando de lado los ejercicios de analogía histórica, que son siempre un terreno resbaladizo y con frecuencia ofrecen resultados insatisfactorios, lo que sí parece evidente es que se sube un peldaño más en el túnel de la crisis económico-social en la que ya, de una manera u otra, nos hemos adentrado. El tipo y la forma de soluciones para una salida a esta situación mostrarán si este robustecimiento del papel del Estado tiene continuidad o, por el contrario, es flor de una crisis. En este mismo proceso de encontrar soluciones en el mundo del trabajo, el sindicalismo al que se reconoce hoy su carácter esencial requiere de la templanza y nervio que viene demostrando en el curso de esta crisis de salud pública. Actuando al mismo tiempo en el otro frente abierto por los efectos de miles de ERTES, algunos con tintes fraudulentos como han denunciado las organizaciones sindicales, que ya han afectado a más de dos millones de trabajadores. Pero también frente a los ERES de los que se habla e informa menos en los medios o esa al menos es mi impresión.

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